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Protocolo de uso de armas de fuego: Sigue en el ojo de la tormenta

El nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas federales de seguridad continúa despertando polémica y el rechazo de distintos organismos que coinciden en que “sienta un precedente para el resto de las fuerzas”.

Se trata de las “pautas objetivas” que fijó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “para obrar en casos de defensa propia o de terceros ante un peligro inminente de muerte o de lesiones graves, para impedir la comisión de un delito particularmente grave con peligro para la vida o integridad física de las personas y para proceder a la detención o impedir la fuga de aquellas personas que hayan cometido un delito”.

Ahora bien, la “laxitud” con que considera la noción de lo “estrictamente necesario”, la “contradicción con las normas internacionales que justamente cita la ministra de Seguridad a propósito de legitimar su mano dura”, así como “la inconstitucionalidad del reglamento”, son algunas de las críticas que le realiza, por ejemplo, el Centro de Profesionales de Derechos Humanos.

“Desde un principio repudiamos la resolución” y “obtuvimos una repuesta favorable al amparo presentado por la compañera Miriam Bregman, a través del cual se prohíbe su utilización; es decir, las prerrogativas que le da a la policía federal para utilizar las armas de fuego sin ningún tipo de límite.

“Precisamente, nosotros creemos que el nuevo reglamento habilita el gatillo fácil”. Además, “consideramos que deja ver el avance que el gobierno nacional intenta hacer con el ajuste que está aplicando. Claramente, lo quiere imponer por cualquier vía, incluso, con las balas”, indicó Leticia Celli.

En la misma dirección, la jurista advirtió la intención de aminorar los cargos judiciales para con la fuerza policial: “Sucedió en el caso de Chocobar. Hablan de una supuesta estigmatización de los uniformados cuando lo que hay, de público conocimiento, son casos de gatillo fácil”.

O más bien, “una criminalización de la pobreza. La vida de las personas que supuestamente delinquen o podrían delinquir pasan a valer nada, ya que se prioriza la del policía ante cualquier tipo de situación considerada peligrosa por ellos mismos”.

De todas formas, por más que “sienta un precedente al que rechazamos; está dejando en evidencia que a nivel social tampoco tiene aceptación. Menos del 30 por ciento”. Para Celli, “son intentos gubernamentales para ver hasta dónde pueden llegar en su avance represivo. Pruebas que ni siquiera se atreven a llevarlas como proyecto de ley al Congreso”.

Igual que aconteció con los controles urbanos de gendarmería: “Van en la misma dirección que esta reglamentación. Es decir, pretenden que las fuerzas represivas formen cada vez más parte de la vida cotidiana de las personas. Se intenta naturalizar acciones de este tipo a los fines de que se permitan en ámbitos públicos. Recordemos que la gendarmería no solo subió a colectivos, que desde el punto de vista territorial y de su jurisdicción no corresponde; sino que se tomó la atribución de pedir documentación, cuando no existe la obligación por parte de los ciudadanos de suministrarle ningún tipo de información.

“Se hicieron todas las presentaciones correspondientes en la justicia y no hizo lugar; pero entiendo que seguiremos luchando para que no se permita este avance porque claramente nos acercamos a las peores épocas de nuestra historia”.

En ambos casos, “creemos que lo más necesario es resistir en las calles. Es la única forma que el poder político escuche”.

Lic. Lorena Neo Romero

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