Lucha contra el narcotráfico. Un freno al negocio de la droga

La ley provincial Nº 10.067 comenzará a regir el 1º de diciembre y se aplicará a los delitos cometidos a partir de esa fecha. Adhiere a la normativa nacional.

El pasado miércoles 27 de junio, la legislatura provincial sancionó por unanimidad un proyecto presentado por el Ejecutivo, en el que se dispone la creación de un fuero de lucha contra el narcotráfico en el ámbito de la provincia.

La normativa adhiere a la ley nacional Nº 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes y su modificatoria Nº 26.052.

• Su contenido

La disposición legal establece que el fuero estará integrado en la ciudad de Córdoba por un juzgado de control y tres fiscalías de instrucción, con competencia en los delitos previstos por el artículo 34 de la ley Nº 23.737. Éste persigue al que comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. En tanto, las estructuras del juzgado y fiscalías serán determinadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General de la Provincia (FGP). Estos organismos son los que determinan los procedimientos para la destrucción de las drogas y demás elementos vinculados.

En el interior del territorio provincial, la tarea estará a cargo de los fiscales que ya existen.

Se modifica el inciso 2 del artículo 64 de la ley Nº 7.826 (ley orgánica del Ministerio Público Fiscal) donde se faculta a los ayudantes fiscales a «requerir la orden de allanamiento al juez competente en forma fundada, con noticia previa al Fiscal de Instrucción».

Incorpora el inciso «u» al artículo 23 de la ley Nº 9.235 (Seguridad Pública), respecto a la función de la Policía de la provincia de Córdoba, quien deberá «inspeccionar, con finalidad preventiva y siempre que existan indicios suficientes para presumir que se transportan estupefacientes (ver aparte) o sustancias para la producción de los mismos, vehículos, sus cargas, equipajes o mercancías».

Asimismo, la participación del Ministerio de Salud estará referida al control de la comercialización de psicofármacos y las materias primas que puedan usarse para producir cualquier tipo de estupefacientes.

• Análisis legal

Daniel Mazzoccone es abogado penalista de nuestra ciudad y al ser consultado por este medio, opinó que «la ley nacional 23.737 ya tiene 19 años de rodaje en nuestro país y regula todo el marco normativo en lo atinente al tráfico, represión y tenencia de estupefacientes; es por lo tanto una herramienta más para los Estados provinciales que adhieran a la misma».

Los organismos de seguridad comenzarán a tener mayores facultades y las fiscalías especializadas que, en el caso de Córdoba, serán tres más un juzgado de control. Para este último, «aún no se ha dictado el orden de mérito».

Según Mazzoccone, «la ley tiene un perfil orientado a desarticular la venta fraccionada a consumidores particulares y la distribución localizada en lugares donde la Policía los tiene perfectamente individualizados.

«Entiendo que el espíritu del legislador es tratar de combatir la comercialización, entrega, suministro y facilitación de estupefacientes a pequeña escala».

Hoy, más del 50 por ciento de los delitos que atienden los 12 juzgados federales se refieren a narcotráfico. «La ley provincial viene a descomprimir un poco el trabajo de esos juzgados que pueden abocarse al tratamiento de otros delitos», expresó el penalista.

A través de los recientes informes de la Organización de Naciones Unidas, Argentina se ubica en los primeros puestos del ranking de países latinoamericanos en cuanto a producción de droga. «Además de ser un país de tránsito, pasó a convertirse en un centro de fabricación y distribución a grandes escalas».

Por último, el abogado subrayó que si bien esta normativa «significa un avance importante», aún «falta impartir formación y capacitación a los fiscales, secretarios y prosecretarios, instructores y sumariantes judiciales» y que «a nuestro Estado le hace falta un abordaje multidisciplinario para que la persona adicta pueda reintegrarse y hacer una vida normal».

¿Criminalizar al adicto?

Mónica Cohen es directora de la revista A-dicciones, operadora de Fundar (Fundación de Ayuda y Rehabilitación) y opinó sobre la ley provincial y el debate nacional que se lleva a cabo en la Cámara Baja del Congreso de la Nación sobre la despenalización: «Hay que ver cómo se implementa y vamos a esperar qué aporte hace según los resultados. En el fallo Arriola que salió en el 2009 no se penaliza al consumidor, nadie va preso por una mínima cantidad que tenga.

«Me parece bueno el debate porque deja al desnudo la falencia que hay en cuanto a respuesta asistencial».

La operadora remarcó el flagelo que constituye esta problemática en nuestra ciudad: «Acá tenemos un consumo masivo de marihuana y un desconocimiento importante sobre sus efectos nocivos en la salud». Y puntualizó los obstáculos asistenciales: «La persona adicta a las drogas no es un delincuente, sino un enfermo. Cuando va a buscar ayuda no tiene adónde recurrir; sería bueno cambiar la mirada social sobre este tema».

• Debate abierto

El autor del primer proyecto de la ley de despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, Eduardo García, manifestó que «es muy importante el consenso que hoy existe en cuanto a la necesidad de dejar de perseguir a las víctimas del narcotráfico como son los consumidores y poner todo el esfuerzo de las políticas públicas en castigar fuertemente al narcotráfico e implementar programas de prevención y tratamiento de las adicciones que estén a la altura de las circunstancias».

El dirigente socialista recordó que «hace exactamente diez años que impulsamos este debate y era muy difícil avanzar por la enorme cantidad de prejuicios instalados en la sociedad en general. Hoy se ha madurado y son muy pocos los que siguen sosteniendo que la cárcel pueda ayudar a solucionar algún problema relacionado con el consumo de drogas. Se logró un gran avance y un amplio consenso para despenalizar la tenencia de estupefacientes para consumo personal».

 

• Debate «silenciado»

Por su parte, la diputada nacional de San Luis Ivana Bianchi, en alusión a la reactivación del tratamiento que por estos días se está dando en la Cámara Baja respecto a la despenalización de la marihuana, sostuvo: «El Congreso de la Nación, en lugar de ser el disparador de un debate social amplio, profundo y federal, silencia ese debate, simplificando una cuestión de extrema complejidad al centrarnos sólo en la despenalización».

Coincidió con Mónica Cohen en que «el problema de las adicciones debe encararse desde la perspectiva de la salud; el adicto debe ser tratado como paciente y no como delincuente; hay que sacar las adicciones de la esfera penal y ponerla en la esfera de la salud».

Por lo tanto, resulta necesario «avanzar primero en un plan de acción de lucha contra las adicciones en el marco de la reglamentación y plena vigencia de la ley de salud mental».

Finalmente, Bianchi expresó que «erradicar de la Argentina las drogas será una tarea difícil y costosa; pero en el mediano y largo plazo es una inversión en desarrollo humano, estabilidad, seguridad y salud. Hemos llegado a un punto en que no podemos seguir manteniendo el status quo, la sociedad demanda la adopción de medidas y soluciones».

• Nota del redactor

Negocios millonarios vinculados al mayor delito mundial, con consecuencias gravísimas en variados ámbitos de la sociedad: efectos negativos sobre la salud humana, fracturas familiares, Tribunales abarrotados, aumento de la delincuencia…

El narcotráfico se reproduce en todas partes, y Argentina aparece en los ojos del mundo como epicentro policromático de un flagelo complejo de erradicar.

Tantas veces, la realidad demuestra que «cortar el hilo por la parte más delgada» no es la solución. ¿Legalizar o despenalizar?, ¿perseguir al adicto o brindarle tratamiento? La cuestión está planteada.

Lic. Javier Medina Gandía