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La situación de los presos: Privados de la libertad, no de sus derechos

Especialistas aseguran que el estado de las cárceles y las condiciones de los detenidos son miserables.

Las prisiones, como las instituciones básicas del castigo penal, son un producto de la modernidad. “Quizás hoy provoquen vergüenza”, advertía en 1975 Michel Foucault cuando publicaba su célebre trabajo sobre la evolución de las técnicas de castigo; pero puntualizaba que durante el siglo XIX las cárceles eran un motivo de orgullo para las ciudades. “Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera empresa de ortopedia social. El siglo XIX inventó, sin duda, las libertades; pero les dio un subsuelo profundo y sólido: la sociedad disciplinaria, de la que aún dependemos”, escribía en Vigilar y Castigar.

En la provincia de Córdoba, la situación en la que se encuentran los ciudadanos que habitan las prisiones es poco clara; ya que los establecimientos se manejan con un alto grado de hermetismo que impide el ingreso de abogados, defensores de derechos humanos o personas particulares. Uno de los puntos importantes desde los cuales partir para comprender esta problemática es reconocer que quienes cumplen condena en una cárcel son privados solo de su libertad ambulatoria. Es decir, conservan una gran gama de derechos que deben ser garantizados y amparados tanto por la ley como por las instituciones mismas.

El informe “Mirar tras los muros. Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba” realizado por Comisión Provincial de la Memoria en el año 2014, señala la permanente vulneración de derechos a la que son sometidos los jóvenes que se encuentran encarcelados en Córdoba. “Las insuficientes medidas alternativas a la prisión, y la ausencia de políticas planificadas con objetivos socioeducativos agravan por un lado las condiciones de vida en el encierro mientras éste sucede; pero además afecta fundamentalmente las oportunidades de elaboración de un proyecto de vida alejado del delito y las posibilidades de reintegración social en su comunidad; favoreciendo la reincidencia, frente a la cual ningún organismo ni institución aparece como responsable”, observaron en el escrito.

Por su parte, la abogada Adriana Gentile comentó que entre 2010 y 2013 se registran 31 muertes por la Policía, y que algunas de ellas sucedieron en lugares de encierro. “Generalmente estas muertes no se investigan. También se escuchan casos de suicidios que nunca quedan claros cómo fueron. En Bouwer está el caso de una chica que apareció suicidada; pero la familia denuncia que fue producto de una violencia institucional por parte de los guardiacárceles. Nunca se hizo ninguna investigación”, enfatizó la especialista en derechos humanos.

Realizando un balance general, indicó que son frecuentes las detenciones arbitrarias de personas inocentes; y advirtió que generalmente las condiciones de encierro son muy malas.

PORTACIÓN DE ROSTRO. La letrada resaltó que para que se efectúe una detención debe haber pruebas de un delito flagrante donde exista alta posibilidad de culpabilidad por parte del sospechoso. Sin embargo, aseguró que en ocasiones un encarcelamiento por averiguación demora entre cinco y seis días. “Hasta que llega la planilla prontuarial están presos en condiciones de hacinamiento. Es muy frecuente ver personas que no cometieron ningún tipo de delito; pero están en prisión junto con criminales”.

Por otra parte, recordó que tanto el cumplimiento de la pena, como el encierro, lo determina un juez, no la Policía; no obstante, los hechos contradecirían las normas. “Ellos no pueden tomar la decisión arbitrariamente. Pero si te cruzaste a un policía y no le gustó tu cara, podés estar encarcelado una semana. En los barrios alejados es muy frecuente que se realicen detenciones masivas. Entran y levantan gente; es como una cacería de jóvenes que andan en moto o tienen determinado aspecto que la Policía busca reprimir”, manifestó.

En el diagnóstico que realiza Gentile, destacó que más del 50 por ciento de los detenidos se encuentran bajo prisión preventiva, es decir que no fueron juzgados y condenados por la Justicia.

Natalia Cañete, abogada de la Fundación María Elba Martínez y docente del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Escuela Sarmiento, puntualizó que la detención preventiva no puede extenderse más de ocho horas. “Lejos de reprimir a los sujetos en situaciones de vulnerabilidad, lo fundamental es brindar mayor protección e inclusión. El discurso a favor de la represión tiene que ver con una salida instrumental pero no racional, de esta forma se confunde la seguridad ciudadana con la persecución a determinados sectores”, dijo.

MALAS CONDICIONES. Asimismo, Gentile sostiene que las circunstancias que sobrellevan los prisioneros en Córdoba son muy negativas, tanto en las cárceles comunes como en otras instituciones de encierro.

“Hay un vacío legal que les permite impedir la entrada a quienes quieran observar la situación interna. Las leyes del sistema penitenciario son muy estrictas respecto de la seguridad para que no ingresen personas externas. Los abogados acceden hasta el lugar donde se efectúan las entrevistas; pero no para observar las condiciones de detención. Es un sistema sumamente hermético justificándose en razones de seguridad”, insistió.

En otro orden, Cañete relató que, en los cursos donde trabaja con jóvenes en contexto de vulnerabilidad social, algunos de los participantes estuvieron demorados en la Departamental Punilla: “Los encerraron en un espacio muy chico donde había tres columnas de cemento y ahí es donde uno se sienta o duerme. Los llevaron por disposiciones muy injustas, les pintaron los dedos solo por una sospecha infundada. Adentro no tienen colchas, ni les proveen nada. Ni siquiera les dejan ir al baño, hay un agujero por donde hacen pis”. Además, describió eventos de maltrato y falta de respeto a derechos básicos. “No les dejaron hacer llamadas ni les dan comida. Uno logró comunicarse con su familia porque le dio un papel con el número de su madre a otro joven que salió. Los derechos humanos de las personas en situación de encierro se encuentran vulnerados, y Villa Carlos Paz no es la excepción”, ponderó la profesional.

Para concluir, Gentile se refirió al centro de detención Complejo Esperanza: “A los niños los violentan. Mezclan a detenidos de diverso tipo. Yo los atiendo en declaraciones indagatorias, algunos llegan sin zapatillas, sucios, en mal estado. Se nota en su aspecto que están en muy malas condiciones”, expresó. De la misma manera que ocurre con las cárceles, es muy difícil adentrarse para constatar el entorno. “La única opción para ingresar a corroborar es presentar un habeas corpus; pero es poco probable que abran las puertas”, sostuvo. En estos casos, aseguró que existen privaciones de todo tipo, cuando solo debería ser ambulatoria.

A criterio de Cañete, el sistema penal responde los conflictos sociales “estigmatizando y construyendo una subjetividad sobre aquellos que consideramos peligrosos”. De esta forma, para la abogada se están avasallando “las propias normas que pedimos que se regulen; y por ende los derechos esenciales se encuentran vulnerados”, sentenció.

Felipe Etkin

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