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Autovía de montaña: Una factibilidad menos

En un acto que contó con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, el pasado lunes se colocaron las últimas piezas del arco que sostendrá la parte principal del puente que cruzará el lago San Roque, en el marco de la autovía de montaña. Una estructura de 3.100 metros de longitud, a 500 de distancia del paredón del dique, que constará de dos calzadas por cada sentido de circulación, banquinas y veredas peatonales con el fin de “agilizar” el tránsito.
De hecho, el puente forma parte de un rodamiento de 6.7 kilómetros de extensión que se iniciará en el distribuidor de la Autopista Córdoba-Carlos Paz, cruzará el lago San Roque, y hasta que se defina el proyecto de continuidad hacia el norte, en esta etapa de obra incluirá una conexión provisoria de 1.700 metros de calzada entre la nueva autovía y la traza de la Ruta Provincial E-55 existente.
La variante Costa Azul está a punto de terminarse -exhibe un avance de ejecución cercano al 80 por ciento- y con ella se pondría fin al primer tramo de una autovía que ya no cuenta con la factibilidad de la Comuna de San Roque. Durante la jornada del sábado 29 de septiembre, a través de una asamblea autoconvocada por sus vecinos, resolvió revocar la autorización de uso de suelo que en enero había firmado la Jefa Comunal a propósito de que la Provincia continúe en dirección a Cosquín.
De confirmarse este planteo jurídico, resuelto por el 20 por ciento del padrón, el gobierno provincial deberá modificar el plano, ya aprobado por la Secretaría de Ambiente, al menos, en el trazado que atraviesa la jurisdicción de San Roque. Según la abogada patrocinante, Marcela Fernández, al retirarse el permiso de uso del suelo, ese segundo tramo de la autovía, directamente, no debería ser ejecutado.

CAMBIAR LA TRAZA. La empresa Caminos de las Sierras confirmó que el gobernador Juan Schiaretti pidió evaluar un cambio de traza; aunque negó toda “implicancia jurídica” de la Asamblea. La decisión, que se conoció en la mañana del martes, se fundamentaría en los cambios impuestos por la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente al proyecto original.
Modificaciones que harían inviable continuar la vía por el este, piedemonte de las Sierras Chicas, porque “nos obliga a romper más montañas, nos obliga a más expropiaciones y nos obliga a replantar 200 mil árboles. De cumplimiento casi imposible”.
Entonces, dijeron verse forzados a evaluar una alternativa por el oeste de la Ruta 38, como pidieron los ambientalistas en la Audiencia Pública, entendiendo que la autovía originaria suponía afectar una zona de monte muy rica, además de pasar por un yacimiento de uranio.
El diseño de la nueva calzada, modificando la E-55 hasta Bialet Massé, requerirá de un nuevo estudio de impacto ambiental e instancias de participación ciudadana.

“RESISTENCIA ESPONTÁNEA”. Otra resolución a favor de los ambientalistas fue la del juez Daniel Strassorier, quien hizo lugar al habeas corpus presentado por los Vecinos Autoconvocados de San Roque, y ordenó a las autoridades municipales y provinciales elaborar un protocolo de actuación para prevenir incidentes como los que tuvieron lugar el 21 de agosto cuando, resistiendo el desmonte de un sector supuestamente no aprobado como parte de la obra Autovía de Punilla, fueron reprimidos por la Policía, y cuatro de ellos terminaron detenidos.
Strassorier consideró que los vecinos no tuvieron otra alternativa. “Entender contrariamente que debieron canalizar sus reclamos por las vías judiciales pertinentes importa exigirles tolerancia sobre lo que podría haber sido un daño actual e irreversible”, argumentó el juez.
“Reitero: se trató estrictamente de una resistencia espontánea ante el avance de una empresa (privada) contratada por el Estado provincial, sin que se hayan puesto en crisis otros derechos individuales o sociales elementales. Más aún, los vecinos actuaron en la creencia (legítima y genuina) de estar defendiendo zonas especialmente protegidas (ley 8066) de un ataque ilegal”.
Finalmente, evaluó que “si se considera entonces que, frente al poder político, económico e institucional del Estado provincial, se erigió una cantidad no mayor de manifestantes, residentes de una localidad sin un fuerte poder político o económico, es posible concluir que estos últimos se hallaban en una situación de inferioridad, por lo que se les debe garantizar, consecuentemente, con mayor vigor, el derecho a que sus voces o peticiones sean escuchadas y tratadas”. Y sigue: “Esto es así, máxime, si la empresa habría ampliado el radio de acción para realizar una limpieza, pudiendo los vecinos por eso creer (razonablemente) que se trataba de una modificación de la traza para lo cual tal empresa no contaba, para ellos, con la debida licencia”.

Próximamente
* La Justicia convocó para el martes 10 de octubre, en la ciudad de Córdoba, a la Audiencia Pública por el recurso de amparo presentado en el 2017 con el objetivo de impedir el avance de la obra en toda su extensión.
* La Asamblea de Vecinos de San Roque resolvió pedir una auditoría al Gobierno de la provincia sobre el primer tramo de la autovía, en la variante Costa Azul, ante dudas planteadas respecto de si se ajustó a lo que el proyecto y el estudio de impacto ambiental oportunamente aprobados establecían.
* También resta ver la respuesta jurídica del gobierno provincial sobre la quita de factibilidad. La Asamblea está permitida por ley para las comunas y sus resoluciones devienen soberanas, por lo que superan las decisiones de su comisión comunal. En este caso, a excepción de su máxima autoridad Rafaela Espinoza, quien se abstuvo de votar, todos los vecinos participantes se manifestaron a favor de revocar el permiso para la obra. Seguramente de judicializará.

Lic. Lorena Neo Romero

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