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Editorial: Talón de Aquiles

Desde los albores de la gestión avilecista, la Secretaría de Salud Pública ha sido epicentro de polémicas, remociones, denuncias cruzadas y hasta judiciales. Claro está, se trata de la cartera con mayor cantidad de personal a cargo, y la administración de grupos humanos suele revestir complicaciones, incluso, de convivencia.

Esta no es la excepción. Una falsa gastroenteróloga ejerció durante tres años en el Centro de Salud de la Zona Oeste, conocido como “hospitalito”, sin que el Municipio se diera cuenta, a no ser por la requisitoria rutinaria de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

“A los fines de obtener su contratación, presentó documentación apócrifa” reconoció el secretario de Gobierno y asesor letrado del Municipio, Juan Villa, en una “maniobra engañosa” que “ha tenido ramificaciones hacia distintas áreas: clínicas privadas, atenciones de emergencia, ente recaudador público, el Colegio de Médicos y la Universidad Nacional de Córdoba”.

La Municipalidad, como consecuencia, denunció penalmente a la falsa galena por “ejercicio ilegal de la medicina”, e inmediatamente, la justicia ordenó allanar los centros de salud a los cuales dijo pertenecer, a propósito de secuestrar las historias clínicas de los pacientes que pudo haber diagnosticado. Aunque “atendía situaciones de nivel primario, lo cual nos ha relevado de cualquier caso serio y, por el otro lado, a ella le permitió tener un paraguas cobertor”, advirtió Villa.

Pero más allá de los atenuantes, el caso, para muchos, desnudó irresponsabilidades y falta de control por parte del área de Recursos Humanos del Palacio 16 de Julio. ¿Cuál es el protocolo a seguir en una contratación? ¿Cómo se constata la información vertida en un currículum vitae? ¿Se constata?

El artículo 7º de la Ordenanza 5922, que es el Código de Ética de la Función Pública, establece que: “Quien disponga la designación de un funcionario público debe verificar el cumplimiento de los recaudos destinados a comprobar su idoneidad”. ¿Alguien lo hizo?

El Concejo de Representantes ya aprobó un pedido de informe, a través del cual le solicita al Departamento Ejecutivo que conteste si “…existe o existió en las dependencias municipales, y en particular en el Centro de Salud de la Zona Oeste, agente o agentes municipales que, no habiendo cumplido con los requisitos de ley solicitados para ejercer la actividad médica, se hayan desempeñado en el arte de curar”.

Y ahora, la oposición pretende interpelar al secretario de Salud Pública, Rubén López, para que dé explicaciones sobre “cómo y porqué un/a agente municipal ejerció como profesional médico sin tener título que le permitiera el ejercicio de esa función”. Además, de las “responsabilidades” que se asocian y las “medidas para que no se repita la situación”.

De nuevo, se supone la existencia de un mecanismo de contralor que falló -aunque el “engaño” también haya surtido efecto en institutos privados-, puesto que es tarea ineludible del Estado brindar la mayor seguridad posible en sus prestaciones para no decir: dar el ejemplo. El haberse constituido como querellante no lo desliga del compromiso desatendido, esto es, proporcionar efectivamente y proteger la salud pública, como lo estipula la Constitución Nacional. El derecho a la salud es una obligación estatal.

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