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Editorial: Oídos sordos

Apelando a la lógica discursiva y ese viejo refrán que cimienta el entendimiento en el habla, la provincia de Córdoba implementó a partir de ayer, primero de noviembre, la obligación de pasar por un proceso de mediación antes de presentar una demanda civil y comercial. “Que las partes lleguen a un acuerdo a través del diálogo” es el objetivo de una medida que, valga la contradicción, no encuentra réplica en el órgano republicano por excelencia: el Poder Legislativo.

Cada vez son más las instituciones intermedias y actores de la vida socio-política carlospacense que se sienten alejados del proceso constructivo de las normas, aun cuando dichas legislaciones los afectan directamente. Ashoga lo manifestó respecto de la ordenanza que prohíbe el ingreso de micros de gran porte a la ciudad, siendo que es uno de los sectores más perjudicados con la merma del turismo estudiantil y fuente directo del reclamo de aquellas empresas que se perciben como “discriminadas” de la entrega de permisos especiales.

El Centro Comercial manifestó exactamente lo mismo frente al proyecto que persigue el objetivo de habilitar la localización de hipermercados y grandes centros comerciales en las zonas periféricas. Aunque no se pronunciaron en contra, sí plantearon como observación que su voz debió haber sido consultada a la hora de programar el arribo de emprendimientos que pueden incidir en los comerciantes locales que ellos aglutinan y representan.

Concientizar Para Prevenir, Adarsa, Funeat y Ni Una Menos Villa Carlos Paz son ejemplos, también, de organizaciones que han sabido exponer su malestar respecto de leyes sin sentido o contraproducentes, siendo materia de su conocimiento. Una verdadera paradoja, puesto que si existen los especialistas, que sean ignorados rotundamente es una fuga de capital.

La oposición… Otro recurrente denunciante de oídos sordos; pero que esta vez cayó en la misma conducta que le suele remarcar al oficialismo de turno. Oposición y oficialismo son unánimemente responsables de haber conformado la Junta Electoral Permanente Municipal con miembros del Colegio de Abogados sin su consentimiento.

Tanto así que, fiel a su impronta, les envió una misiva a los concejales subrayando que “la norma tal como fuera aprobada ha significado un avasallamiento y un destrato a esta institución que no correspondía, atendiendo que se trata de una responsabilidad cívica de la cual nunca hemos renegado, ni dejado de prestar colaboración”.

Y “teniendo en cuenta la importancia que reviste el contenido de la Ordenanza aludida”, resaltó “con mayor amplitud el desagrado y malestar que provocó en el seno de nuestra institución, de anoticiarnos por otros medios que nada tienen que ver con la formalidad y el respeto que los hechos ameritaban”.

Un descargo más, que simplemente engrosará el registro parlamentario; aunque debiera ser justamente lo contrario: un llamado de atención para lo que se está volviendo una conducta repetida y de la que nadie, ni siquiera aquel o aquella que se queja cuando es víctima de la misma proscripción, resultó inocente de culpa y cargo.

Que se hayan cumplido 35 años de ininterrumpida democracia, en este contexto, nos viene bien a propósito de recordar que el poder que recae en el Legislativo es la expresión soberana de una ciudadanía que demanda ser gobernada bajo un régimen de derecho, y no en la imposición de voluntades, más de una vez, caprichosas. Hablando nos entendemos.

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